UNA LUCHA CONTRA EL PUEBLO

Luego de tres meses desde que el gobierno fijó las retenciones móviles para las exportaciones agropecuarias, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, anunció un programa de redistribución social que se financiará con las alícuotas aplicadas sobre las ventas de soja al exterior, y cuyas tasas sean superiores al 35 por ciento.

De esa forma, el oficialismo dio por fin una explicación a sus representados, acerca del destino del superávit fiscal. Aunque nadie sabe por qué tardaron tanto en comunicarlo. ¿O acaso el programa social anunciado el nueve de junio, tiene poco y nada que ver el plan ideado por el ex Ministro de Economía, Martín Loustau?

Sea como sea, a estas alturas de los acontecimientos, el gobierno no sólo perdió el tiempo, sino también dilapidó muchos de los votos de confianza que suelen depositarse en los mandatarios al comienzo de una gestión.

Al respecto, la consultora Poliarquía afirmó que en diciembre Cristina Fernández llegó al poder con una imagen positiva de 51 puntos, pero a partir del conflicto agropecuario su figura sufrió un vertiginoso descenso, hasta ser sólo aprobada por el 26% de los encuestados.

Así resulta desolador ver como un gobierno, autodenominado progresista, quedó debilitado ante una disputa por obtener más o menos ganancias de las exportaciones de alimentos, cuando en realidad debería luchar por cambiar el estado de cosas. Es decir, plantear la irracionalidad que rige el país, donde a pesar de que se producen alimentos para 450 millones de personas, hay más de dos millones de argentinos que no consumen los nutrientes indispensables.

Sin embargo, los productores agropecuarios y el oficialismo, no parecen estar dispuestos a resolver el hambre del pueblo, incluso se ha visto como los ruralistas hacen todo lo posible para desabastecer a las ciudades. Hasta han derramando miles de litros de leche en el asfalto.

Por su parte, el gobierno derrocha el dinero público para movilizar al clientelismo político hacia las plazas, con el propósito de ahuyentar a los manifestantes opositores.

Todo resulta ser entonces un circo, pero sin gracia. Ya que unos y otros dicen luchar en favor del pueblo, cuando en realidad ambos se muestran más interesados en proveer de alimentos a los mercados extranjeros que a los propios argentinos.

En verdad, la puja es por cómo los productores agropecuarios y el oficialismo se reparten las ganancias de un negocio que surgió hace seis años con la devaluación de la moneda y de los salarios. Así los ruralistas y los gobiernos acrecentaron su recaudación, pero al mismo tiempo generaron inflación. En consecuencia, la mayor parte de la sociedad perdió su nivel adquisitivo, la riqueza siguió concentrada en muy pocas manos. Y si bien el PBI creció al 9 % anual, el 26,9 % de la población está bajo la línea de pobreza y el 8,7 %, es indigente.

¿Entonces, cuál es el beneficio del pueblo en esta lucha?

Ninguno, hasta que los productores agropecuarios abandonen su avaricia, y el oficialismo, luego de tantos años de superávit, deje de repartir miseria como política social.