En realidad, nadie ha intentado afectar la identidad nacional de los orientales, el conflicto sólo tiene que ver con la violación del Estatuto del Río Uruguay, ya que en su artículo 7 establece:
"La Parte que proyecte la construcción de nuevos canales, la modificación o alteración significativa de los ya existentes o la realización de cualesquiera otras obras de entidad suficiente para afectar la navegación, el régimen del Río o la calidad de sus aguas, deberá comunicarlo a la Comisión administradora del Río Uruguay".
Sin embargo el 17 octubre de 2003, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente del Uruguay, otorgó mediante Resolución Ministerial Nº 342/2003, la autorización Ambiental para el proyecto de la planta de celulosa ENCE, sin consultar a la C.A.R.U.
Además el tratado Binacional en su artículo 30 expresa:
"Cada parte podrá explorar y explotar los recursos del lecho y del subsuelo del Río en la zona del mismo sometida a su jurisdicción, sin causar perjuicio sensible a la otra Parte".
En contraposición a este punto, la empresa finesa Botnia va a producir miles de toneladas de pasta de celulosa sin el tratamiento libre de cloro. Al respecto, autoridades de la Facultad de Ciencias de la República Oriental del Uruguay, como el catedrático Daniel Panario, afirmaron que "existirá un impacto muy fuerte sobre el río Uruguay, sobre todo debido a la gran cantidad de fósforo y de nitrógeno que las fábricas verterán al curso de agua". Explicó también que este cuerpo hídrico receptor "ya tiene fósforo y nitrógeno y la saturación de estos elementos generará un disparo de la presencia de algas tóxicas y un riesgo grave a la salud". Asimismo consideró que se compromete "el uso recreativo del río y se generará un importante aumento en los costos de potabilización del agua".
A pesar de todos estos perjuicios, hay quienes consideran la instalación de las plantas de celulosa como un buen negocio para los orientales. Sin embargo, cuando se discutía en el Poder Ejecutivo uruguayo la firma del convenio con la Pastera Botnia, el entonces Diputado Ricardo Castroman advertía: " se habla de que si se concreta la construcción de la planta de celulosa por parte de Botnia, que pertenece al Estado finlandés, esa va a ser tierra finlandesa donde nadie va a tocar nada ni revisar nada. El tratado y fundamentalmente los artículos 5 y 9, están dándole todo tipo de prebendas al Estado finlandés y a esta empresa que piensa instalarse y de esta forma nos parece que estamos en condiciones prácticamente insalvables en este momento. Esos artículos establecen en primer lugar, que las inversiones no podrán sufrir expropiaciones directas ni indirectas, en segundo término que el estado deberá indemnizar las pérdidas por manifestaciones o revueltas. Por último, que en caso de controversia, las empresas podrán saltearse los juzgados nacionales y llevar el tema a tribunales internacionales, según les parezca. Es decir, se trata de una ley que se coloca por encima del Estado uruguayo y que, a su vez, pone los intereses transnacionales por encima de los intereses nacionales".
En conclusión, no queda claro si los uruguayos al firmar los convenios con la pastera Botnia han defendido su soberanía; pero sí es evidente que se transformaron en un país que agrede a la Argentina cuando infringe los pactos suscritos con ella.
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